Cuando el bitcoin se convirtió en mainstream, me propuse entender su funcionamiento técnico y económico. Era la época en la que parecía que el blockchain cambiaría la forma en que gestionamos los activos, especialmente los digitales y, singularmente, las monedas. Leí algunos libros complementarios que reflexionaban sobre ello para comprenderlo de principio a fin.
El diseño técnico me maravilló, pero respecto a sus propiedades para convertirse en la herramienta con la que los bancos centrales, los fondos de inversión y nosotros mismos garantizaremos nuestra riqueza de la misma manera que ahora lo hacemos con el oro o los dólares, tengo mis reservas, aunque debo reconocer que el bitcoin ha ganado espacios de legitimidad. Sus defensores le atribuyen todas las virtudes necesarias para sustituir a los dos grandes valores de referencia: es escaso, duradero, divisible, fungible, verificable… Y, además, es más rápido que operar con oro.
El argumentario, sin embargo, no termina ahí. Destacan también su privacidad. Sin entrar en detalles, los bitcoin se acumulan en una especie de cuentas bancarias representadas por códigos alfanuméricos que no están asociados a ningún nombre. Por tanto, potencialmente cualquiera podría operar con su dinero sin supervisión del Estado. Y es que, dicen, el Estado sabe demasiado.
No hay duda de que la voracidad de la administración por obtener datos nuestros es desmesurada. Conocer nuestras transacciones no solo proporciona información sobre nuestra economía, sino también sobre lo que hacemos, adónde vamos, qué nos gusta, con quién nos relacionamos… ¿Es necesario que el Estado sepa todo eso?
La libertad individual, una de las bases sobre las que se sustenta el humanismo que forjó las democracias contemporáneas, encuentra en el Estado a veces un aliado y a veces un enemigo. La aspiración de los gobernantes por obtener datos de sus rivales internos para presionarlos, perseguirlos, desprestigiarlos o incluso asesinarlos es tan antigua como la humanidad.
Por desgracia, no hace falta remontarse mucho ni irse demasiado lejos para encontrar ejemplos. Los envenenamientos de los opositores a Putin son, quizá, los ejemplos más extremos de la Europa contemporánea. Pero en la propia España tenemos a un músico en prisión por acusar de ladrón al rey emérito (sic), encarcelamos durante una semana a dos titiriteros acusados de terrorismo, infiltramos policías en colectivos tan peligrosos como los profesores, y creamos, manipulamos y pervertimos pruebas, además de realizar escuchas ilegales, a decenas de personas por un delito despenalizado desde tiempos de Aznar, lo que acabó con condenas injustas y exilios. Todo ello con el beneplácito o la mirada estrábica de los medios que, en muchos casos, actúan como caja de resonancia del discurso que más interesa a los gobernantes. Y, por desgracia, probablemente España no sea una excepción.
Los riesgos de que alguien, ya sea la administración u otra institución, acumule demasiada información privada son altos. El conocimiento de dónde gastamos nuestro dinero no es neutro y puede utilizarse contra los ciudadanos que no pertenecen al grupo que gobierna. No es, por tanto, una cuestión menor.
Ahora bien, los defensores del bitcoin, en realidad, no hablan de nada de todo esto. Al contrario, nos alertan de que la administración lo hace para exigirnos después el pago de impuestos. Unos impuestos que sirven para financiar sus corruptelas, lo que legitima el uso de la tecnología que elude los controles.
Los humanos, como animales sociales, siempre hemos renunciado a espacios de libertad individual en favor del colectivo. Por tanto, un discurso que rechace completamente que puedan exigirse responsabilidades económicas hacia el grupo huye de la condición humana por puro egoísmo. Pero la discusión sobre si los impuestos se ajustan a lo que deberíamos pagar es legítima. Siempre podremos preguntarnos si pagamos suficiente, demasiado, si el conjunto recibe suficiente compensación por aquello que aporta y si distribuimos bien las cargas fiscales. No negaré que los impuestos reducen la libertad de quien los paga. Perdemos margen de decisión sobre a qué destinamos nuestros recursos, desde la cerveza más banal que dejamos de comprar, hasta el reciclaje formativo que nos permitiría ascender profesionalmente.
Pero si nos mantenemos en este esquema de ejercicio y privación de libertades, es necesario reconocer que también las otorgan. Los recursos no solo van a aprovechados y corruptos —y corruptores, los grandes olvidados—. También compran tiempo o margen —y, por tanto, libertad— a quienes reciben esos recursos de forma justa. El extremo más difícil de rebatir son los años de vida extra para enfermos que no habrían podido pagarse el tratamiento. Décadas de libertades imposibles de disfrutar desde el camposanto. Desde esta perspectiva, incluso el que paga impuestos y tiene la fortuna de no recibir un tratamiento de coste prohibitivo gana capacidad de gasto porque no se ve obligado a ahorrar para cubrirse de las contingencias.
Las cuestiones más interesantes relacionadas con los impuestos no tienen nada que ver con la capacidad recaudatoria —ni con los “metadatos” que la administración obtiene de ellos—, sino con la asignación de recursos, el exceso de burocracia, la fijación de prioridades e incluso la definición de cuáles son los niveles óptimos de impuestos —después de debatir para conseguir qué—.
Reducir la comprensión de las libertades individuales al derecho a no pagar impuestos es una trivialización de los fundamentos democráticos que, por desgracia, se ha extendido por la sociedad. Lo que delata este discurso es el total desinterés que sus defensores muestran hacia otras libertades. Tampoco nunca, o casi nunca, se oponen a empresas que acumulan la misma o incluso más información. Ni siquiera cuando ese poder les permite apropiarse de nuestra riqueza de una forma más o menos directa, situadas en posiciones privilegiadas dentro de las cadenas de valor productivas.
Hasta donde soy capaz de ver el futuro, tendremos que defendernos de la persecución de la administración y de sus connivencias. Debemos estar alerta. Las minorías, los colectivos minorizados, las oposiciones ―de derechas y de izquierdas, esto va por barrios―, los movimientos alternativos y, de hecho, los ciudadanos en general están hoy peor que hace una década. Es aquí donde hay que centrar la defensa del individuo como individuo libre, donde debemos plantar cara para defendernos de los abusos de las maquinarias estatales. De todos sus mecanismos, el de apropiarse de una parte de nuestro dinero no es, ni de lejos, el más limitante para nuestras libertades. No niego la necesidad de esos debates. ¿Están los impuestos en el nivel que toca? ¿Qué obtenemos colectivamente? ¿Para qué los hace servir la administración? Es necesario y legítimo. Pero reducir el concepto impuestos a aniquilación de libertad y gasto público a corrupción es infantil. Confunde su alcance e importancia, y toma una parte pequeña por el todo.